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[su_note note_color=»#37886b» text_color=»#e7e7e7″]Ya era hora, ¿Verdad? Por fin en Andalucía salió la tan ansiada, tan esperada, tan aclamada y tan retrasada Orden que regula el nuevo escenario de FPE en Andalucía. [/su_note]

Después de 5 años sin convocatorias, y tras  retraso de un mes sobre lo previsto, el 7 de Junio de 2016 el Gobierno Andaluz reguló la FPE, tras  sucesivas reformas del modelo de Formación Profesional para el Empleo que han tenido lugar en el ámbito estatal y que han provocado, entre otras causas, que Andalucía no tenga formación subvencionada desde 2011.

Aquí está la nueva orden FPE Andaluza.

Después de casi un mes de su publicación, vamos a entrar en valoraciones que seguramente afectarán al futuro de muchos de los que estamos aquí y leemos este blog.  A mi criterio, las razones técnicas (no voy a entrar  en las políticas) que han llevado a este cambio han sido fundamentalmente 2:

• Adaptarse a la Ley 30/2015 que a nivel estatal regula la FPE . Una reforma de calado que cambia el modelo anterior y está pendiente de los desarrollos de cada una de las iniciativas que se contemplan en ella. Ultima hora: Con el panorama político recién acontecido hoy seguirá con la hoja de ruta que tenía prevista y no habrá modificaciones como proponían algunos partidos políticos (estaban a expensas de lo que ocurriese hoy).

• Adaptarse a la Ley de la Hacienda Pública Andaluza. Es la razón de que veamos la ley como la vemos: con ese cuadro resumen. Básicamente trata de adaptarse a las concesiones de subvención a través de la concurrencia competitiva. Además la norma se articula con una norma base (la que nos ocupa) acompañada siempre de un cuadro resumen con criterios y apartados comunes a todas las normas de la Junta. Posteriormente lo que queda es que al amparo de estas bases salgan las convocatorias.

Bueno y, ¿Qué trae de nuevo la norma?

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Lo primero que llama la atención es que es una norma que en breve tendrá que ser modificada profundamente. Y diréis, vaya…¿ tras 5 años y ahora hay que modificar? me temo que sí y por varias razones:

• La Ley 30/2015 traerá bastantes reformas profundas en el desarrollo de las iniciativas. Esto conlleva modificaciones de calado que probablemente terminen creando una nueva orden.
• La actual Orden, no tiene el calado suficiente y eso lo vemos en que no ha derogado a su antecesora la Orden de 23 de Octubre de 2009 en la mayoría de sus articulados.
• Ha sido más un ajuste a su ley de hacienda Pública que una reforma del sistema de FPE en Andalucía.

Otra novedad es que el articulado deja paso a un Cuadro Resumen para poder tener el beneplácito de Hacienda y que no le paren la norma antes de llegar a BOJA. Si leemos más detenidamente los puntos de este cuadro la verdad es que nos encontramos con una copia exacta de lo que se dice en la Ley 30/2005 que no trae mejoras o particularidades de gran calado  y  que puedan responder exclusivamente  al tejido productivo Andaluz.

Siguiendo con el cuadro resumen, algunas otras novedades son:

Las acciones para desempleados, que en la estatal permite la participación de personas empleadas, en el caso andaluz no se da esa posibilidad: el 100% deben ser personas desempleadas. Y para las acciones de ocupados la participación de desempleados baja de un 40% a un 20%.

Tiene carácter de norma marco y  deja abierto muchos aspectos. Eso hace que sea muy general y que las concreciones se produzcan  en las futuras resoluciones de convocatoria.

En materia económica, las bases no regulan cuánto se destinará a cada línea. Lo único que hace es dejar abierto a varios tipos de financiación que pueden ser: de Presupuestos Generales del Estado, del FSE o propias.

Para este año concreto, según los datos del Ministerio a Andalucía le corresponden 127 millones de euros para desempleados y 23 millones para trabajadores, que esperemos no se tengan que devolver como otros años. Aquí tenéis la información contrastada de las asignaciones presupuestarias: BOE, página 26. Así que esperemos que en las resoluciones contemplen ese importe.

Bien, y ¿como van a repartir ese dinero entre las entidades?

Pues para eso han puesto en el cuadro resumen un sistema de baremación que bajo mi punto de vista, es de lo más farragoso y  mezcla churras con merinas. No tiene desperdicio: 

• Tratan a las entidades  y empresas de formación como potenciales delincuentes (sean o no lo sean). No digo que todas hayan sido buenas, pero en la profesión hay muchos profesionales que están viendo afectada su valía y profesionalidad al respecto.
• Mezclan criterios que en formación para los trabajadores no tiene mucho sentido si los comparamos con desempleados. No podemos utilizar los mismos criterios para formar a personas desempleadas que para formar y reciclar a personas que están trabajando, las necesidades son distintas. Esperemos que concreten en las convocatorias y este cuadro le permita eso.
• Hay una clara intención de limitar el porcentaje de participación en la subvención. Esto es positivo, ya que va a permitir que entren en la concurrencia competitiva más actores. Y esto hará que el mercado se dinamice.
• Aparecen criterios de calidad pero, ¿los correctos para un proyecto formativo? ¿basta con tener sólo un sello de calidad en la gestión ISO? Mal vamos. ¿Dónde quedaron aspectos como el proyecto pedagógico, la metodología usada, la incorporación de nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje, experiencia docente, valoraciones del alumnado?

Y  ¿a la hora de justificar el gasto? ¿cómo se hace?

 Este es un tema estrella, ya que tantos quebraderos de cabeza ha dado en los Juzgados y ahora por última, en la famosa Comisión de Investigación, ¿cómo lo van a hacer? 

Parece ser que aquí ha cambiado algo ya que la norma se extiende y ofrece bastante información de qué es justificable y cómo ha de imputarse. Se agradecería una guía de justificación, ordenada, clara y con los criterios esos de baremación incluidos y las consecuencias de no cumplirlos, pero algo es algo.

Lo único que no ha cambiado es la forma de pago. Siguen pensando pagar cuando ellos comprueben y cierren el expediente en vez de como se hace en el resto de comunidades: cuando la entidad justifique (esté bien o mal el expediente que en tal caso ya detraerán). Esta situación es lo que ha hecho  que la mayoría de empresas de formación no hayan subsistido estos años  con expedientes abiertos durante años y años (algunas desde 2009) y que han ido acarreando deudas y  deudas con sus proveedores por los impagos de la la Administración.

Bueno, bueno, y ¿para cuándo?

Miren el cuadro resumen y lo mismo se os quitan las ganas de bailar. Según sus plazos tienen un mes desde que se publique para que las entidades soliciten y ¡6 meses para resolver! (¡Qué complicado debe ser resolver!). Hagamos las cuentas y veremos como en el mejor de los casos, formación para 2017 (ojalá me equivoque).

[su_note note_color=»#37886b» text_color=»#e7e7e7″]Contando con que las Resoluciones de Convocatoria salgan a principios de Julio, osea, YA! Debe pasar un mes de solicitud (principios de agosto) y tras este mes, tendrán para resolver hasta 6 meses, hagan la cuenta (vaya, se meten en otro año presupuestario, qué mala suerte…). Períodos de reformulaciones, de definitivas y plazos administrativos insalvables, mucho me temo que en  2016, o corren mucho o nos quedamos sin formación.[/su_note]

Así que, o se ponen las pilas o la FPE, tan necesitada para adaptar el tejido productivo a los cambios y reajustes volverá a llegar tarde a nuestra comunidad.

Disculpad por el post un poco denso y duro de leer (os he puesto gifs con la intención de hacerlo más llevadero), pero es la interpretación que me sale después de tanto tiempo. Ah! y una cosa que se me olvidaba, ahora con las competencia de seguimiento de las acciones eLearning transferidas otra vez a la Comunidad Autónoma.. ¿que van a hacer con sistemas tan dispares?