El último post del compañero Daniel Porras (“La revolución del talento: Aprende o échate a un lado”), da para mucho. Pero para mucho, mucho. En él se tratan cuestiones a las que las políticas públicas de empleo y formación deben hacer frente inmediatamente, aunque mucho me temo que ya vamos tarde…
Sé que no gusta, pero es así: la estabilidad laboral, entendida como un cómodo empleo para toda la vida en una misma empresa, es cosa del sXX. y estamos en el sXXI. Sólo esa afirmación supone un cambio radical que afecta a todos los niveles de nuestra vida y, por consiguiente, a nuestros sistemas de cualificación, tanto al educativo reglado como al ¿no? reglado de formación profesional para el empleo.
Es vital darle una buena vuelta de tuerca (o dos) al sistema educativo para dejar de fabricar niños en serie, después de todo, la producción en cadena suena al medievo en comparación con la nueva era, la del conocimiento, que además de llegar para quedarse, promete remover todos los cimientos socioeconómicos sobre los que se asentó nuestra vida durante más de un siglo (ahí es nada). Pero no quiero entrar en el sistema educativo reglado y sí centrarme en el sistema de formación profesional para el empleo.
Creo que se puede afirmar que el sistema de formación profesional para el empleo (el anterior y el nuevo que se puso en marcha con la Ley 30/ 2015) se ha convertido en un sistema “mastodónticamente” burocratizado, lo cual choca de frente y a mil por hora con un mercado laboral que cambia al minuto demandando nuevos perfiles que en la FPE aún no tienen cabida y que además están llamados a tirar del carro económico.
Me parece excelente el sistema nacional de cualificaciones profesionales, su estructura modular, los certificados de profesionalidad (privados, online, formación de oferta…), la convergencia con el sistema reglado, etc., pero creo que el sistema parece no querer entender la nueva realidad sobre las demandas actuales del mercado, el cual exige poner en marcha procesos formativos de una forma más ágil, menos burocrática y más adaptable a las necesidades de cualificación de los trabajadores.
La Ley 30/2015, en su artículo 4 establece que:
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“El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal, en coordinación y cooperación con las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y de los agentes sociales, a través del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, desarrollará una función permanente de prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo, para proporcionar respuestas efectivas a las necesidades de formación y recualificación del mercado laboral, y para anticiparse a los cambios y responder a la demanda que se pueda producir de mano de obra cualificada, contribuyendo así al desarrollo profesional y personal de los trabajadores y a la competitividad de las empresas”
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Esta prospección y detección de necesidades de formación y recualificación del mercado laboral debe tener como resultado, en teoría, una planificación estratégica plurianual del sistema FPE que deberá articularse de acuerdo a las iniciativas de formación que establece el artículo 8:
- La formación programada por las empresas (antigua formación de demanda / bonificada).
- Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados y desempleados (lo que antes se denominaba formación de oferta).
- Otras iniciativas: permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación de los empleados públicos, y la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad.
Iniciativas de formación (a excepción de la formación programada), que deben ajustarse al fichero de especialidades del SEPE, teniendo prioridad aquellas que sean conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad y, se entiende, satisfagan las necesidades de formación detectadas.
Pero… ¿y qué pasa si las especialidades del SEPE no consiguen satisfacer las necesidades del mercado laboral impidiendo “casar” la oferta y demanda de nuevas ocupaciones, como por ejemplo las surgidas del brutal impacto tecnológico?: ingeniería informática y de software, marketing digital, big data, robótica, 3D, realidad aumentada, programación, ciberseguridad, etc.
La respuesta, a priori, podría parecer fácil: modificamos el fichero incluyendo nuevas especialidades y listo.
Pero… ¿Y eso cuánto tiempo lleva?
El suficiente para que una vez diseñadas, aprobadas e incluidas por la administración competente, ya puedan ser consideradas como obsoletas o desactualizadas.
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En Andalucía, el procedimiento administrativo para incluir nuevas especialidades formativas en el fichero funciona así.
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Quizás, a los pilares (iniciativas de formación) sobre los que se asienta el sistema FPE les falte uno más de refuerzo, más flexible y al servicio de aquellas empresas que demandan profesionales que el mercado laboral no pueda ofrecerles por carecer de la especialización (que no es lo mismo que la cualificación) necesaria para el ejercicio de la ocupación, y esa especialización no se encuentra en el fichero de especialidades de FPE.
Veremos cómo responde el “nuevo” sistema a todos estos retos, pero mucho me temo que su rigidez y burocratización lo mantendrán lejos de contribuir a la dinamización del mercado laboral y convertirse en el verdadero motor que facilite el tránsito hacia un modelo productivo dinámico y adaptable a los constantes cambios a los que está y estará sometido el mercado de trabajo del siglo XXI.
