Sí, probablemente esa habrá sido tu reacción solo con leer el título. Pero… ¿realmente se está produciendo un lento y gradual proceso de privatización del sistema de formación para el empleo?
No hay duda de que la posibilidad con la que cuentan ahora los centros acreditados para impartir certificados de profesionalidad de forma privada (bajo modalidad eLearning y/o presencial) supone un soplo de aire fresco para las entidades acreditadas del sector.
Sin embargo, existen no pocas voces que consideran esta alternativa como un primer paso hacia la privatización del sistema, cuya consecuencia más inmediata es que solo aquellos que dispongan de recursos económicos suficientes podrán acceder a la obtención de un certificado de profesionalidad y, por tanto, contar con mayores oportunidades de empleo (en teoría).
Visto así, no les falta razón. Basta con ver la última convocatoria de subvenciones de nuestra comunidad (Andalucía) para la realización de acciones formativas para desempleados (y la de ocupados, que aún está por salir), la cual pone al servicio de las entidades una dotación económica claramente inferior con respecto a las que le preceden.
Si nos fijamos en las cifras generales de paro en España y Andalucía de 2010 a 2015, vemos unos datos de empleo catastróficos, donde los desempleados, además de no poder acceder a un empleo, tampoco han podido formarse a través del sistema formativo del ámbito laboral, y es que las convocatorias de formación para desempleados en nuestra comunidad se quedaron en el dique seco desde el año 2011 (tal y como has visto en la imagen anterior). Y es que resulta paradójico observar como a medida que el desempleo crecía (tanto a nivel estatal como autonómico –Andalucía-) se reducían los presupuestos dirigidos a financiar el sistema de formación para el empleo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Instituto de Estadística de Andalucía
¿Qué conclusiones podemos extraer de todo esto?
- Estamos muy jodidos desde el punto de vista económico y, por ende, social (del político, ya, ni hablamos).
- Necesitamos tener claro cuáles deben ser los motores que impulsen nuestro sistema productivo.
- Formar, formar y formar, y volver a formar. Pero no de cualquier manera y mucho menos de la forma en que se venía haciendo, (hasta hace bien poquito aún podían encontrarse cursos para desempleados relacionados con sectores totalmente hundidos).
A tenor de los datos expuestos, podríamos pensar que la tendencia es la de ofertar de manera privada los planes formativos del sistema, quedando la administración como un mero regulador del mismo y garante de que los actores implicados cumplen con las reglas del juego establecidas (que no es poco).
El claro descenso de los presupuestos dirigidos a financiar los programas públicos de formación para trabajadores (ocupados y, sobre todo, desempleados) que desde 2010 se viene produciendo, es acompañado de la posibilidad de impartir programas formativos conducentes a la obtención de un Certificado de Profesionalidad de manera privada.
Puntos de vista: alumnos y centros
- Aquellos que se oponen a cualquier tipo de “privatización” o liberalización del sector de la formación, ya que entienden que buena parte de la población, sobre todo la más golpeada por la crisis, tendrá pocas oportunidades para recualificarse al no poder hacer frente al coste de una matrícula de un certificado de profesionalidad, por lo que difícilmente podrá revertir su situación.
- Empresas y empresarios del sector que ven un “poco” de luz al final del túnel. No sólo se han reactivado las convocatorias, sino que además tienen ante sí un nuevo abanico de opciones en las que trabajar y que pueden ayudar al sector a levantar cabeza.
Como siempre, las cosas no tienen por qué ser blancas o negras, siempre hay muchos matices.
Realmente, si un centro de formación acreditado decide solicitar a la administración la autorización para impartir un certificado de profesionalidad (total o parcial) de manera privada, pronto se dará cuenta que para rentabilizar el mismo el alumno deberá hacer frente al pago de una matrícula cuyo precio rondará en torno a los 1.500 – 2.000€ y… ¿hay mercado para eso? ¿Existe demanda? ¿De verdad muchas personas están dispuestas –y que puedan, ojo-, pagar esos precios por un Certificado de Profesionalidad?
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Sobre ello nos adelantaba algo Marcelino Martel en este post al hablar de la “formación de pago”, donde señala que «Se comienza a ver ofertas de Certificados de Profesionalidad y cursos específicos de pago. Pero es algo que no termina de cuajar.»
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En el fondo, estoy de acuerdo con Marcelino al respecto, pero creo que se pueden (y deben) explorar caminos en esa dirección.
Evidentemente, con esos precios a cualquier centro le va a costar dios y ayuda llenar sus aulas (físicas o virtuales). Ello implica que las entidades deberán hacer un importante esfuerzo y lanzarse a la búsqueda de financiación público o privada, (por ejemplo, cajas de ahorros y sus obras sociales, fundaciones, asociaciones empresariales, las propias administraciones, etc.) que permita adecuar los precios de acceso a la formación a la realidad socioeconómica de la población, la cual está, como se dice en mi tierra, “canina” o “tiesa”.
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Todos ganarían, las entidades de formación, que conseguirían sacar adelante sus programas formativos y los desempleados que podrían optar a una formación de calidad, de forma gratuita o a precios accesibles y además obteniendo una acreditación oficial como es un Certificado de Profesionalidad.
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Lo que si es cierto es que el “pequeño” centro de formación (o academias de barrio, de toda la vida), que en años de bonanza administrativa de concesión de subvenciones a diestro y siniestro, disfrutaba al año de 1 – 2 cursos de FPO con los que salían bien a flote, combinadas con las clases de apoyo, este nuevo modelo se les escapa totalmente, ya que no tienen ni los medios ni los recursos para navegar por estas aguas, solo aptas para grandes buques. No obstante, los pequeños centros que no han caído en estos duros años se han reconvertido (o especializado) en centros de idiomas, han reforzado su oferta de clases extraescolares o preparación de oposiciones, por lo que hace tiempo que perdieron la esperanza de continuar participando en el sistema.
De todas formas, esto de los centros de formación da para mucho y quizás bien merezca un nuevo post, ¡seguro que saltan chispas!
Por otra parte, y retomando la línea argumental del post, pienso que más que una estrategia “judeo masónica” por parte de la administración para privatizar la formación y beneficiar a determinados lobbies, se trata más de un intento de liberalizar el sistema, explorar nuevas fórmulas y sacudirse la enorme carga que supone estar obligados a sacar convocatorias de subvenciones para formar a la población activa (ocupada y desempleada) con presupuestos cada vez más raquíticos.
Por último, os dejo con la infografía completa;
Recomiendo la lectura de este post de Marcelino Martel allá por el 2014: «Certificados de Profesionalidad de Iniciativa Privada»
¿Y tú, piensas que la formación profesional para el empleo está en pleno proceso de privatización?
