La Formación para el Empleo se privatiza

La Formación para el Empleo se privatiza

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Sí, probablemente esa habrá sido tu reacción solo con leer el título. Pero… ¿realmente se está produciendo un lento y gradual proceso de privatización del sistema de formación para el empleo?

No hay duda de que la posibilidad con la que cuentan ahora los centros acreditados para impartir certificados de profesionalidad de forma privada (bajo modalidad eLearning y/o presencial) supone un soplo de aire fresco para las entidades acreditadas del sector.

Sin embargo, existen no pocas voces que consideran esta alternativa como un primer paso hacia la privatización del sistema, cuya consecuencia más inmediata es que solo aquellos que dispongan de recursos económicos suficientes podrán acceder a la obtención de un certificado de profesionalidad y, por tanto, contar con mayores oportunidades de empleo (en teoría).

Visto así, no les falta razón. Basta con ver la última convocatoria de subvenciones de nuestra comunidad (Andalucía) para la realización de acciones formativas para desempleados (y la de ocupados, que aún está por salir), la cual pone al servicio de las entidades una dotación económica claramente inferior con respecto a las que le preceden.

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Si nos fijamos en las cifras generales de paro en España y Andalucía de 2010 a 2015, vemos unos datos de empleo catastróficos, donde los desempleados,  además de no poder acceder a un empleo, tampoco han podido formarse a través del sistema formativo del ámbito laboral, y es que las convocatorias de formación para desempleados en nuestra comunidad se quedaron en el dique seco desde el año 2011 (tal y como has visto en la imagen anterior). Y es que resulta paradójico observar como a medida que el desempleo crecía (tanto a nivel estatal como autonómico –Andalucía-) se reducían los presupuestos dirigidos a financiar el sistema de formación para el empleo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Instituto de Estadística de Andalucía

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¿Qué conclusiones podemos extraer de todo esto?

  1. Estamos muy jodidos desde el punto de vista económico y, por ende, social (del político, ya, ni hablamos).
  2. Necesitamos tener claro cuáles deben ser los motores que impulsen nuestro sistema productivo.
  3. Formar, formar y formar, y volver a formar. Pero no de cualquier manera y mucho menos de la forma en que se venía haciendo, (hasta hace bien poquito aún podían encontrarse cursos para desempleados relacionados con sectores totalmente hundidos).

A tenor de los datos expuestos, podríamos pensar que la tendencia es la de ofertar de manera privada los planes formativos del sistema, quedando la administración como un mero regulador del mismo y garante de que los actores implicados cumplen con las reglas del juego establecidas (que no es poco).

El claro descenso de los presupuestos dirigidos a financiar los programas públicos de formación para trabajadores (ocupados y, sobre todo, desempleados) que desde 2010 se viene produciendo, es acompañado de la posibilidad de impartir programas formativos conducentes a la obtención de un Certificado de Profesionalidad de manera privada.

Puntos de vista: alumnos y centros

  • Aquellos que se oponen a cualquier tipo de “privatización” o liberalización del sector de la formación, ya que entienden que buena parte de la población, sobre todo la más golpeada por la crisis, tendrá pocas oportunidades para recualificarse al no poder hacer frente al coste de una matrícula de un certificado de profesionalidad, por lo que difícilmente podrá revertir su situación.
  • Empresas y empresarios del sector que ven un “poco” de luz al final del túnel. No sólo se han reactivado las convocatorias, sino que además tienen ante sí un nuevo abanico de opciones en las que trabajar y que pueden ayudar al sector a levantar cabeza.

Como siempre, las cosas no tienen por qué ser blancas o negras, siempre hay muchos matices.

Realmente, si un centro de formación acreditado decide solicitar a la administración la autorización para impartir un certificado de profesionalidad (total o parcial) de manera privada, pronto se dará cuenta que para rentabilizar el mismo el alumno deberá hacer frente al pago de una matrícula cuyo precio rondará en torno a los 1.500 – 2.000€ y… ¿hay mercado para eso? ¿Existe demanda? ¿De verdad muchas personas están dispuestas –y que puedan, ojo-, pagar esos precios por un Certificado de Profesionalidad?

Sobre ello nos adelantaba algo Marcelino Martel en este post al hablar de la “formación de pago”, donde señala que “Se comienza a ver ofertas de Certificados de Profesionalidad y cursos específicos de pago. Pero es algo que no termina de cuajar.”

En el fondo, estoy de acuerdo con Marcelino al respecto, pero creo que se pueden (y deben) explorar caminos en esa dirección.

Evidentemente, con esos precios a cualquier centro le va a costar dios y ayuda llenar sus aulas (físicas o virtuales). Ello implica que las entidades deberán hacer un importante esfuerzo y lanzarse a la búsqueda de financiación público o privada, (por ejemplo, cajas de ahorros y sus obras sociales, fundaciones, asociaciones empresariales, las propias administraciones, etc.) que permita adecuar los precios de acceso a la formación a la realidad socioeconómica de la población, la cual está, como se dice en mi tierra, “canina” o “tiesa”.

Todos ganarían, las entidades de formación, que conseguirían sacar adelante sus programas formativos y los desempleados que podrían optar a una formación de calidad, de forma gratuita o a precios accesibles y además obteniendo una acreditación oficial como es un Certificado de Profesionalidad.

Lo que si es cierto es que el “pequeño” centro de formación (o academias de barrio, de toda la vida), que en años de bonanza administrativa de concesión de subvenciones a diestro y siniestro, disfrutaba al año de 1 – 2 cursos de FPO con los que salían bien a flote, combinadas con las clases de apoyo, este nuevo modelo se les escapa totalmente, ya que no tienen ni los medios ni los recursos para navegar por estas aguas, solo aptas para grandes buques. No obstante, los pequeños centros  que no han caído en estos duros años se han reconvertido (o especializado) en centros de idiomas, han reforzado su oferta de clases extraescolares o preparación de oposiciones, por lo que hace tiempo que perdieron la esperanza de continuar participando en el sistema.

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De todas formas, esto de los centros de formación da para mucho y quizás bien merezca un nuevo post, ¡seguro que saltan chispas!

Por otra parte, y retomando la línea argumental del post, pienso que más que una estrategia “judeo masónica” por parte de la administración para privatizar la formación y beneficiar a determinados lobbies, se trata más de un intento de liberalizar el sistema, explorar nuevas fórmulas y sacudirse la enorme carga que supone estar obligados a sacar convocatorias de subvenciones para formar a la población activa (ocupada y desempleada) con presupuestos cada vez más raquíticos.

Por último, os dejo con la infografía completa;

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Recomiendo la lectura de este post de Marcelino Martel allá por el 2014: “Certificados de Profesionalidad de Iniciativa Privada

¿Y tú, piensas que la formación profesional para el empleo está en pleno proceso de privatización?

3 comentarios

  1. Hola Fernando,

    Antes de nada felicitarte por el post. Un trabajo de análisis exhaustivo y muy interesante y con mucho rigor. Por otro lado, gracias por recomendar las lecturas de mis post. Y dicho esto, me gustaría crear debate en relación a una serie de conclusiones que no comparto del todo.

    Primero, me voy al final de tu post. No creo que la Administración se esté sacudiendo de nada, ni esté obligada a liberalizar un mercado que en sí no es mercado es un servicio que se presta.

    Para ello, tenemos que partir de que la finalidad está enmarcada dentro de una de las líneas prioritarias de las Políticas Activas de Empleo. Es una “obligación del Estado” proveer de herramientas para que éstas se puedan producir y debe garantizar la igualdad en acceso y oportunidades (esto está en la Ley 5/2002 con un consenso Europeo mayoritario). La clave no creo que esté en liberalizar y privatizar este sector, ya lo está con otras especialidades, con otras acciones y con otros modelos (Escuelas de Negocio, Másters, Institutos, Formación Específicas, etc). La clave está en seguir evolucionando el Sistema de FPE de tal forma que siga garantizando los principos de Igualdad que se fraguaron en el sistema europeo y no en teorías de libre mercado.

    En esta linea de evolucionar el sistema, pasa por una profunda revisión y modificación, claro está. Son más de 15 años y, como todos sabemos, se ha pervertido y se ha corrompido. Pero eso no significa que el modelo sea malo. Mala ha sido la gestión y control de fondos por parte de la Administración. Así, esto nos lleva a pensar que modificar es lo que han estado haciendo en esta última etapa de gobierno. Es cierto, pero de qué manera.

    Si observas tus gráficas, los importes destinados a la formación (que conviene recordar, son exclusivos de empresarios y trabajadores, el Estado no pone un duro) son casi los mismos con una variación a la baja que responde a menos cotizaciones a la seguridad social y, por ende a el sistema de FPE. El caso es que no ha sido un cambio de sistema, sino que se ha producido un cambio de partidas. ¿A dónde? Ya lo reflejé en los post que comentas. Se han vaciado las cajas de convocatorias (estatales y autonomicas) y se ha fomentado la formación de demanda (que todos sabemos lo que es en la mayoría de los casos, no todos).

    Ala, vamos a por otra cuestión. Los Certificados en modalidad Privada. Me parecen bien. Es una forma de dar pulmón a las Entidades, pero permíteme Fernando, aunque yo también haya escrito esto, no lo comparto. Pienso que la finalidad no debe ser crear un clientelismo, ni una “asistencia social” a las academias. La finalidad de la FPE debe ser crear un sistema robusto de formación cualificada que pueda certificarse por todo el territorio europeo.

    Dicho esto, para que los CP en modalidad privada funcionen es muy difícil hacerlo bien. Ya que certificarse cuesta mucha inversión: tener aulas, herramientas, maquinarias e instalaciones específicas. Eso siempre y permanentemente. Si esto no se cumple el CP no es de calidad. Una pregunta: ¿puede un centro, academia mantener este ritmo? Pues cobrando caro el CP, y esto, sumado a que el mercado no se los toma en serio, se convierte en una oferta no muy atractiva.

    Es más, si esto se está haciendo así, tendrán que tener los mismos controles e incluso más que la subvencionada. Hago hincapié en que todo se soluciona con control y seriedad de la Administración. Pero sinceramente, me parece que esto se convertirá en un mercadeo de CP, ya que si las administraciones locales no tienen cobertura para controlar la formación subvencionada, ¿cómo lo van a hacer con un CP en modalidad privada?

    Por último, y haciendo una crítica también a las entidades de formación, la solución puede venir en la especialización y en apostar por una estrategia seria y planificada para abordar un sector concreto. No puede ser que las que daban cursos de FPE de Soldadura por ejemplo ahora estén acreditado en “todo” para tener más oportunidades en las convocatorias. Tampoco vale que se trabaje La FPE, Academia de Idiomas, Clases de Apoyo, oposiciones, Formación de niños y niñas, etc. Esto da una impresión muy de pillar todo lo que salga.

    En fin, de nuevo felicitarte por el post y que este se preste a un debate tan interesante y que se podría llevar a foros más específicos para “pensar” en un modelo de FPE evolucionado.

    Saludos!

  2. Hola, Marcelino.

    Muchas gracias por tu comentario.

    Problemas complejos, requieren soluciones complejas, las cuales necesitan de análisis sosegados y rigurosos, como lo es tu comentario, Marcelino.

    Es posible que tengas razón al afirmar que la administración no se está “sacudiendo de nada”, después de todo está para eso, para prestar un servicio que como bien apuntas se enmarca en las políticas públicas activas de empleo.

    Dicho esto, coincido contigo en que el sistema debe revisarse y, si me apuras, con mayor profundidad de lo que se ha hecho con respecto a la última reforma.

    En Andalucía, no es que el sistema se haya corrompido y pervertido tras 15 años, que también, es que nació así y mucho me temo que es extrapolable al resto de CC.AA (porque en todos lados, cuecen habas, ojo). Veamos:

    Según el Mapa de Recursos de Centros Colaboradores (RCC) de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtualFPE/Macenco/), en nuestra comunidad existen, apuntad bien, 10.572 centros inscritos y/o acreditados, buena parte de los mismos centros privados, y coincidiremos en que un centro de formación privado no es una entidad sin ánimo de lucro. En teoría,en el sistema, el centro no puede obtener beneficios con la impartición de un curso de la antigua FPO, ya que la subvención concedida para ello va destinada a cubrir los gastos por la puesta en marcha y ejecución del curso. El asunto es simple, si la entidad privada no obtiene beneficio, ¿por qué subirse al carro de la FPE? ¿Por qué hacer una inversión en infraestructuras y materiales para acreditarse o inscribirse? ¿Cómo es que la administración autoriza a 10.000 centros para impartir esta formación? ¿De verdad que la Junta no sospechaba nada?. Saquen sus propias conclusiones.

    Quizás, a parte de un exhaustivo control y seguimiento por parte de la administración (que ya lo es, ojo), un porcentaje de la subvención concedida, además de cubrir costes, debería contemplar la posibilidad de que el centro privado pudiera obtener algún tipo de beneficio por participar en el sistema, ya que este debe hacer una importante inversión para adecuar sus instalaciones, o directamente eliminar la iniciativa privada y que la FPE quede dentro de la red pública de FP por ejemplo, o a través de los Centros Integrados de Formación Profesional o a través de centros propios de la propia administración, con personal de gestión y formadores funcionarios… pero entiendo que alejarse del mundo de la empresa es un error.

    Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto que apuntas: “La solución puede venir en la especialización y en apostar por una estrategia seria y planificada para abordar un sector concreto. No puede ser que las que daban cursos de FPE de Soldadura por ejemplo ahora estén acreditado en “todo” para tener más oportunidades en las convocatorias…”

    Esa es la clave, la especialización del centro en un sector económico concreto con capacidad de incorporar al mercado laboral a los alumnos que allí se formen porque haya demanda de trabajadores. Eso es crucial, después de todo es el objetivo del sistema: formar para el empleo. A mi modo de ver, los centros de formación “caja de sastre” están muertos.

    En cuanto a los certificados de profesionalidad privados, no creo que se caiga en un “mercadeo” de los mismos, principalmente porque poner un marcha un certificado de profesionalidad tiene importantes costes para el centro que encarecen la matrícula, a la cual debe hacer frente el alumnado y este difícilmente pagará esas cantidades por un certificado de profesionalidad a precio de máster universitario, por lo que esa oferta, no tiene demanda. Es ahí donde el centro deberá poner en marcha la inventiva y ponerse a trabajar para buscar recursos externos con el objetivo de hacerlos “atractivos”, ¿cómo?:

    – Garantizando salidas laborales a los alumnos (más allá del módulo de prácticas profesionales del CdP) conveniando con empresas que demanden profesionales (que aunque no lo parezca, existen. Para muestra el sector de la dependencia, que se las ven y se las desean para encontrar personal de atención directa con acreditación…)

    – Buscar financiación externa que permita ofrecer precios de matrícula gratuitos o lo más asequibles posible.

    En definitiva, Marcelino, un tema tan complejo como apasionante, mucha tela por cortar…

    Muchas gracias de nuevo por tus comentarios y enriquecer el debate, Marcelino.

    Saludos!

    🙂

  3. Hola de nuevo Fernando,

    Viendo lo visto… me da mucho miedo la “inventiva” de los Centros…

    Un ejemplo, el otro día llegaba un usuario que había realizado formación de CP en modalidad teleformación a través de la Comunidad de Madrid y tenían que hacer prácticas aquí, concretamente en Grandada. El CP era el de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio (ya sabes: camillas, sillas de rueda, grúas de transporte y toda una infraestructura que debes tener para realizarla) Pues bien el alumno había terminado y no había visto en ningún momento una camilla, una grúa y las prácticas en la empresa habían sido totalmente diferentes a lo que le dijeron, y por su puesto, le había costado una pasta.

    Esto suele ser muy común, una pena.

    Sobre la otra cuestión, la revisión profunda. Antes, mucho antes esto funcionaba mejor. Mira, creo que el quiz de la cuestión está en que al final la FPE que es obligación de la Administración como te decía debería hacerse como antes, por Contratos de Formación y eliminar las subvenciones que es lo que ha pervertido el sistema. El País Vasco va en esta línea y funciona mucho mejor.

    Aunar intereses de sectores (necesidades, demanda y presiones normativas) buscar empresas/entidades solventes de formación y llegar a acuerdos con la Administración para dar una respuesta real a problemas reales.

    Saludos,
    Marcelino Martel.

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